Mientras se discutía el D.L. 1090; Nicaragua concedió asilo al dirigente de las comunidades nativas amazónicas, Alberto Pizango.Sólo algunos parlamentarios votarían en contra del decreto; pero no vasta para la derogación.La oposición; si bien apoya la salida legal, exigiría respuestas por lo sucedido en Bagua.Para esto, la ministra Araoz declaró riesgos al derogar la ley y el plazo para ajustar la legislación.Finalmente se decidió la suspensión por noventa días, para establecer una mesa de diálogo en donde la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal se ofrecen como mediadoras. Así, el gobierno espera apaciguar los reclamos de las comunidades nativas indígenas.
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